La Fundación Gypaetus distribuirá más de 30.000 folletos editados en colaboración con el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios con los principales consejos y teléfonos de contacto.
04 de junio de 2009. Con el objetivo de que los 30 ayuntamientos adheridos a la Red Municipios Contra el Veneno impulsada por la FG sepan cómo actuar de forma rápida y adecuada ante cualquier caso de envenenamiento de fauna por uso ilegal de cebos envenenados, la Fundación Gypaetus ha elaborado un protocolo de actuación dirigido a técnicos municipales y agentes de Policía Local en el que se detallan las diferentes medidas a adoptar para minimizar los riesgos de intoxicación y facilitar la persecución de este delito tipificado en el Código Penal.
Asimismo, en colaboración con el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, la FG también ha editado un tríptico informativo dirigido a veterinarios, particulares y propietarios de animales de compañía con consejos e información sobre las consecuencias ambientales, legales y de salud pública de esta práctica ilegal penada con hasta dos años de prisión. El uso ilegal de cebos envenenados no sólo supone una grave amenaza para la fauna silvestre, sino que también provoca la muerte de cientos de animales domésticos cada año. Entre 1997 y 2008, en España se detectaron más de 6.000 animales muertos por veneno, cifra que se estima que apenas representa el 10% de las bajas reales por esta causa.
La Red de Municipios Contra el Veneno es una iniciativa basada en un acuerdo de colaboración mutuo y oficial con los 30 municipios comprendidos en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (24 municipios de Jaén), Parque Natural Sierra de Castril (1 municipio de la provincia de Granda) y sus áreas de influencia (5 municipios de las provincias de Jaén y Granada) que busca dotar a los ayuntamientos de herramientas de calidad para que tomen y desarrollen con solvencia el papel activo que les corresponde en la lucha contra el uso ilegal del veneno. Por primera vez en España, los Ayuntamientos adheridos se comprometen a personarse como acusación particular en los procesos judiciales abiertos por uso ilegal de veneno en su municipio.
