Ante la Política Agraria Común, que no atiende las dimensiones sociales y medioambientales de la agricultura, hacen falta medidas correctoras, tanto a nivel de comunidad autónoma como a nivel de estado para reactivar el desarrollo rural como única garantía de un desarrollo sostenible en las zonas más frágiles atajando el despoblamiento que afectaría irremediablemente a la conservación de nuestro patrimonio natural.